México, Mariana Otero-Briz, Lunes 11/10/2010 - 11:10
- Lamenta que la desaparición de la empresa no se haya dado con anterioridad.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, aseguró que la decisión del Ejecutivo federal de extinguir Luz y Fuerza del Centro se reduce a la palabra “congruencia”, ya que se llevó a cabo en el contexto de una crisis financiera en la cual se le solicitaba a la población realizar sacrificios en materia de impuestos, por lo que no se podía permitir que siguieran teniendo un doble gasto por concepto de pago de electricidad.
Asimismo, dio a conocer que a un año de la extinción de LFC, de los 44 mil trabajadores que perdieron su empleo, 9 mil 197 cuentan con un empleo con seguridad social, de los que 2 mil fueron recontratados en CFE, y 12 mil 473 han recibido apoyos de capacitación o reconversión laboral.
En entrevista, el encargado de la política laboral del país aseguró que no se arrepiente de haber encabezado la acción; ello, a pesar de haber sido agredido en varias ocasiones por miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), pues ante una decisión basada en la legalidad “hay que salir a dar la cara”.
“A esta decisión la hace muy robusta el hecho de su estricto apego a la ley, más allá de la discusión que se pueda tener sobre la conveniencia o la oportunidad del momento, lo cual puede estar sujeto a debate y a que haya posiciones distintas, (pero) lo que ya nadie puede objetar es que el decreto de extinción ha sido debidamente validado por el máximo tribunal del país. Es cosa juzgada”.
Lozano dijo lamentar que como consecuencia de la desaparición de la paraestatal, 44 mil trabajadores se hayan quedado sin empleo; sin embargo, también lamentó que la decisión no se haya tomado con anterioridad ante la evidencia de que los usuarios tenían que pagar doble el servicio, es decir, en su recibo, y a través de los impuestos que se utilizaban para subsidiar la empresa, que significaban transferencias por 42 mil millones de pesos, cifra equivalente a dos veces el presupuesto total de la UNAM.
“Lamento que no se haya tomado antes (la decisión de extinguir LFC) cuando se tenían los datos y la corridas financieras; esto se sabía durante lustros, y quizá por el excesivo cálculo político que a veces se tiene para la toma de decisiones y por no asumir los costos que implica tomar una decisión tan grave, el tema se fue relegando y posponiendo”.
Según Lozano, desde mediados de 2009 el gobierno federal realizaba un análisis para proceder a la extinción, aunque la decisión se ratificó cuando el 3 de septiembre de ese año, el SME bloqueó la avenida Periférico durante nueve horas para exigir que se entregara la toma de nota al dirigente Martín Esparza.
En este sentido, dijo que los bloqueos y las presiones ya eran un “modus vivendi” del sindicato para satisfacer sus demandas.
“Ese era un modus vivendi del SME. Entre más músculo muestro y hago más presión entonces obligo a las autoridades a que me dan más y más, lo que implicaba que en el Contrato Colectivo de Trabajo no podía haber vacantes, había jubilación temprana, entre otras cosas. Todo esto hacía a un sindicato cada vez más poderoso, y que desafortunadamente utilizó este tipo de mecanismos para año con año ir obteniendo más y en ausencia de la productividad debida”.
Por ello, finalmente la noche del 10 de octubre se utilizó a la Policía Federal para ocupar las instalaciones de LFC con el fin de evitar cualquier choque o enfrentamiento, pues los trabajadores “no iban a entregar las instalaciones de buena gana”, recordó Lozano.
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