La lucha del SME debe continuar contra las políticas del gobierno federal: Ibarra de Piedra

ARTURO ALFARO GALÁN

La Senadora de la República Rosario Ibarra de Piedra, quien acudió al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla para visitar a Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), exhortó a los electricistas a continuar su lucha contra la política “dictatorial”, que terminó de un solo golpe con el empleo de 44 mil trabajadores en el país.

Además, exigió el cese de la represión y el hostigamiento contra las organizaciones sociales, pues consideró que las políticas impuestas por el presidente Felipe Calderón son “equivocadas”.

Ante docenas de electricistas e integrantes de organizaciones campesinas, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, la también presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, la legisladora apuntó que la detención de Márquez Ríos es una estrategia política del gobierno federal para someter las protestas de los ex empleados de Luz y Fuerza del Centro (LFC). “La protesta no nada más ha sido hacia el SME, también a muchas otras organizaciones”, acotó Ibarra de Piedra en breve entrevista.

Durante la protesta en el Cereso de Puebla, que se ubica en la zona sureste de la capital, al menos 50 granaderos y policías estatales vigilaron de cerca las actividades, sin que se haya registrado algún enfrentamiento. En el lugar, también acudió la actriz y activista Francesca Guillén, quien se unió a la protesta para exigir la liberación de Miguel Márquez Ríos.

La legisladora aprovechó el momento para reafirmar que el presidente Felipe Calderón Hinojosa “es producto del fraude” que se cometió en las elecciones de 2006, cuando se impuso como gobernante sobre Andrés Manuel López Obrador, a quien considera el “presidente legítimo de México”.

A su ingreso al penal, Ibarra de Piedra se rodeó de los familiares de Márquez Ríos, la activista Francesca Guillén, así como el secretario de Economía del SME, Pablo Rodríguez. “He entrado a todos los penales de este país. Nosotros somos gente de paz”, sostuvo la senadora frente a la aduana de policías estatales instalados en la entrada al Centro de Readaptación Social de Puebla.

Al respecto, el subsecretario general de la división Nuevo Necaxa del SME, Domingo Aguilar Vázquez, apuntó que Ibarra de Piedra, quien permaneció más de dos horas dentro del penal, realizó un cuestionario al prosecretario de Divisiones del SME, Miguel Márquez Ríos, sobre las presuntas agresiones a sus derechos humanos, cuyos resultados serán expuestos en el pleno de la Cámara de Senadores de la República.

Las preguntas se basaron, principalmente, en el trato que le han conferido las autoridades de seguridad pública de la Federación y del estado de Puebla, desde su detención, así como la posible violación a sus garantías para sostener una defensa, entablar comunicación con su familia y sobre los derechos fundamentales como alimentación y bebida dentro del Cereso.

El ahora procesado fue detenido el jueves 21 de octubre a la altura de la caseta de cobro de San Martín Texmelucan, sobre la autopista México–Puebla, cuando viajaba en un autobús acompañado por al menos 100 simpatizantes del SME, luego de una protesta en el Congreso del estado.

Márquez Ríos está interno en el Cereso, lugar al que fue consignado por el agente del Ministerio Público de la Federación, quien aportó las pruebas suficientes para que se le dictara el auto de formal prisión. Se espera que en los próximos días, el Juzgado Noveno de Distrito determine su situación jurídica e imponga una condena, aunque el proceso podría dilatar cerca de un año.

De acuerdo con la PGR, Márquez Ríos fue detenido con base en dos órdenes de aprehensión, una de ellas girada por la presunta toma de instalaciones del 16 de marzo, cuando se realizaron las actividades de resistencia de la Huelga Nacional de Electricistas, por los delitos de privación de la libertad; contra el consumo y riqueza nacional e internacional, y daño en propiedad del gobierno.
Fuente: La Jornada de Oriente