- Principalmente a los dirigentes
Cuernavaca, Morelos.- El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Héctor Salazar Porcayo, denunció una intensa persecución política en contra de los dirigentes electricistas, a quienes incluso se les ha acusado de hechos violentos protagonizados por "infiltrados" del Gobierno en el movimiento sindical.
"Aunado al escenario violento orquestado por el Gobierno federal el 11 de abril de 2011 en la ciudad de México, donde infiltró personas ajenas a nuestro movimiento que ocasionaron disturbios; vino el linchamiento mediático que de manera simultánea se le dio al suceso", enfatizó.
Aseveró que las acusaciones a electricistas de actos de sabotaje en el Centro Histórico de la capital del país, son parte de una guerra sucia contra el SME, lo mismo que la "agresión jurídica" en contra de los electricistas de la división Cuernavaca.
El Primer Tribunal Colegiado del décimo octavo circuito con residencia en esta ciudad capital, negó el amparo de la justicia federal a Héctor Salazar Porcayo, subsecretario general de la División Cuernavaca y a Marco Antonio García Barrera, subsecretario de trabajo, derivado de la causa penal 63/2010 que se sigue en su contra en el juzgado cuarto federal.
Salazar Porcayo explicó que el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en la ciudad de Guanajuato, encargado del recurso de impugnación, ratificó un auto de formal prisión el pasado 8 de abril.
"Por lo que el proceso de autoincriminación que se lleva a cabo en el juzgado IV sigue su curso, violando los preceptos constitucionales que al respecto rigen. El día 29 de abril a las 11:00 horas, se llevará a cabo esta diligencia anticonstitucional, consistente en la presentación de un CD con imágenes y video para que sea confrontado con pruebas técnicas con las voces e imágenes" de los inculpados.
Lamentó que también se realizará los procedimientos para que sean fichados como peligrosos delincuentes a través del examen psicopedagógico y la ficha sinaléctica.
"El único delito fue preguntar quiénes eran las personas que se presentaban en las instalaciones el 17 de febrero del 2010; guardado el orden en las instalaciones y en última instancia ser agremiados del SME. Reiteramos terminantemente que nunca se impidió el paso a persona alguna, tanto para salir como entrar", indicó.
Para finalizar dijo que estos procesos no tienen sustento legal, "sino más bien político", por cual acusó que la impartición de justicia se encuentra a merced de los designios federales de exterminar a una organización sindical y criminalizar un movimiento pacífico.
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