La Jornada, 05-Enero-2011- Denuncian diputados maniobras de las autoridades para ocultar información clave
- En su momento, electricistas atribuyeron la crisis a la falta de pago de empresas y del gobierno
Ciudad de México. El estado financiero de Luz y Fuerza del Centro, al momento de que el presidente Felipe Calderón decretó su extinción, ya no podrá conocerse, debido a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo concluir las auditorías que realizaba a la empresa.
Debido a que la Policía Federal impidió a los auditores el ingreso al edificio de la compañía, y a que se sustrajeron bienes, archivos y unidades de disco duro de las computadoras, no hubo manera física de concluir la revisión de la cuenta pública 2008 a Luz y Fuerza, expuso la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Esthela Damián (PRD).
Incluso, en el reporte presentado a la Cámara de Diputados el año pasado sobre la cuenta 2008, la ASF detalló que cualquier tipo de observaciones o conclusiones que pudiera haber hecho sobre Luz y Fuerza del Centro no son aplicables a un organismo descentralizado extinto.
En entrevista, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirió que el documento entregado a la Comisión de Vigilancia señala como no concluida la intervención del órgano fiscalizador en Luz y Fuerza.
El último ejercicio fiscal en que se iniciaron auditorías fue justo en 2009, para la Cuenta Pública de 2008. Y en 2010, lo que nos informaron en la Auditoría Superior fue que la Cuenta Pública que correspondía a Luz y Fuerza, ya no se pudo concluir porque se liquidó la compañía, refirió.
Damián Peralta recordó que cuando la Policía Federal ocupó las oficinas centrales de la paraestatal, en la ciudad de México, hubo un momento de conflicto, porque no se permitía el acceso, y cuando llegaron los auditores nadie les entregó la información y simplemente no había ningún responsable con el que desahogar la auditoría.
Explicó que se presentó a la Comisión de Vigilancia un análisis bastante generoso con los números de cierre de la empresa por parte del gobierno federal, que realizó un despacho externo, pero que posteriormente el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, entregó un análisis en el que se documenta que la crisis en Luz y Fuerza no era atribuible a los trabajadores.
En las gráficas se detallaba que el desfalco en Luz y Fuerza no se debía a mal manejo de recursos por parte del sindicato, sino a la falta de pago de empresas y del gobierno federal en sus consumos de energía eléctrica.
No obstante, la Cámara de Diputados no podrá encontrar la verdad histórica sobre el estado económico en que se encontraba la extinta compañía, debido a que la ASF sólo está facultada para realizar investigaciones sobre el ejercicio del presupuesto del año anterior al ejercicio en que las inicia.
Lo único que podemos hacer como Comisión de Vigilancia es, y lo tenemos pendiente, las preguntas que le vamos a hacer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Álvarez Alonso, para que explique el uso y destino que se dio a los bienes que eran de Luz y Fuerza, expresó.
Asimismo, resaltó que los probables casos de corrupción en la extinta empresa no pueden atribuirse sólo a ex funcionarios de confianza o a trabajadores de base.
La corrupción es un problema de cultura en México, no excluye a basificados y no sindicalizados, ni a la izquierda de México. No se hace un cálculo de pérdidas como país. Y la impunidad prevalece porque no se castiga y la osadía de robar se replica, porque no pasa nada, lamentó.
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