Martin Esparza Flores.
El tema de los billonarios pasivos laborales de Pemex y CFE, que de acuerdo con lo establecido en las leyes secundarias serán asumidos por el gobierno federal para transformarlos en deuda pública, son parte de una historia contada a medias al pueblo de México donde aún faltan por contabilizar los casi 350 mil millones de pesos que representan los compromisos laborales incumplidos con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), aun antes de la ilegal liquidación de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009.
Si se quiere sanear financieramente el sector energético y las ahora empresas productivas del Estado, como plantearon los legisladores en el Congreso, deben asumirse de manera uniforme todos los pendientes laborales aún por zanjar, siendo obligación de la Secretaría de Hacienda reconocer tales rezagos.
Hasta el momento, ni los funcionarios del sector ni los diputados y senadores que aprobaron la reforma energética han dilucidado el origen y naturaleza de tales pasivos.
Se han guardado bien de desmenuzar los inflados pasivos donde, tramposamente, insertaron las millonarias jubilaciones de los altos funcionarios, engañando a la nación con cantidades que no corresponden a la realidad de las pensiones de los trabajadores sindicalizados de tal modo que, por ejemplo, mientras los datos de la Auditoría Superior de la Federación indican que el pago de las pensiones de los jubilados de Pemex asciende a 22 mil 517 pesos anuales, los legisladores en el Congreso elevaron tal cantidad a 53 mil millones de pesos; en el caso de CFE la situación es similar, pues mientras el organismo auditor ha establecido que tal concepto representa una erogación de 13 mil 827 millones, en el proyecto de “rescate” se pidieron 35 mil millones de pesos.
Tal desproporción obedece a que los impulsores de la reforma se cuidaron de garantizar los excesivos privilegios que desde hace décadas vienen usufructuando los altos funcionarios de las exparaestatales, los cuales fueron salvaguardados en el contenido de las leyes secundarias.
El monto de los Pidiregas tampoco puede seguir ocultándose, sobre todo si se considera que, por este rubro, la CFE contrajo deudas del orden superior a los 700 mil millones de pesos y en el caso de Pemex superan la cifra de 1.2 billones de pesos.
Es imprescindible explicar al pueblo de México que los pasivos laborales no son deuda ni responsabilidad de los trabajadores, sino obligaciones no saldadas del gobierno, en su función de patrón, derivadas de un contrato colectivo de trabajo.
Es éste el fundamento por el cual el SME ha demandado al gobierno ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que pague y asuma todas las obligaciones derivadas de nuestro contrato colectivo de trabajo, que son estos pasivos laborales y que suman, en promedio, 350 mil millones de pesos, los cuales pueden ser sufragados con el valor de los activos de Luz y Fuerza del Centro, en liquidación.
Fuente: Diario Siempre.
Atte. La comisión de trabajo
de taller automotriz.
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