Martin Esparza.
Ante la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha resultado nuevamente una de las entidades públicas más corruptas e ineficaces del gobierno de Felipe Calderón. Ahora sí puede decirse con todo el cúmulo de pruebas en su contra que la fabricada imagen de “Empresa de Clase Mundial” se hizo añicos.
Su licitación 21 sobre la fibra óptica que benefició de manera preferencial al monopolio de Televisa, además de poco transparente, resultó a la vista de la ASF un verdadero fraude al interés público al representar para CFE pérdidas por 2 mil 450 millones de pesos. Desde hace años, en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), alertamos sobre las maquinaciones que ya se tejían para entregar la estructura de la fibra óptica, tanto de CFE como de Luz y Fuerza, a particulares, algunos de ellos, ex secretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox como Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, en detrimento de las finanzas públicas y de la población de escasos recursos que quedaba así marginada de servicios como el internet a precios accesibles. Ahora, los hechos nos dan la razón.
Por si esto fuera poco, el órgano fiscalizador le ordena la revisión de seis millones de recibos de luz cobrados de manera “estimada” en perjuicio de la economía de igual número de usuarios. La empresa “modelo” del presidente no ha sido siquiera capaz de ir a tomar la lectura en los medidores de los hoy afectados que, como corroboró la Auditoría Superior, ni siquiera son escuchados en sus quejas.
A la luz de las recientes evidencias nada queda tampoco de las promesas hechas a los habitantes del centro del país por Calderón cuando, tras extinguir de manera legal y arbitraria a Luz y Fuerza del Centro ¾ahora se sabe, con el apoyo de militares disfrazados de policías federales¾, aseguró que mejoraría el servicio y se harían cobros más justos.
Apenas hace unos meses trascendió un fraude superior a los mil millones de pesos por el pago de derechos de servidumbre que CFE debía realizar a particulares en estados como Sinaloa, ahora la ASF detectó irregulares de la misma índole en Guerrero, con el agregado de que los pagos, superiores a los 60 millones de pesos, se realizaron incluso a gente que ya murió.
Es urgente por eso que antes de que concluya el actual sexenio la ASF exija a entidades como el SAE, dictámenes puntuales sobre el patrimonio de Luz y Fuerza del Centro para que sea inscrito en la Dirección General de Bienes Nacionales antes de que Calderón y sus funcionarios terminen entregando lo que es patrimonio de todos los mexicanos a trasnacionales como Intergen o Iberdrola, lo que ameritaría llevar la defensa de estos recursos económicos del Estado a organismos como Transparencia Internacional.
Sólo un dato al respecto: hasta marzo del 2009, el valor de los inventarios de Luz y Fuerza sumaba 2 mil 582 millones de pesos, como quedó establecido en la minuta de la Junta de Gobierno del 7 de agosto de ese año. Es hora que el SAE informe a los mexicanos qué hizo con esos bienes y que Calderón diga qué piensa hacer con la infraestructura eléctrica que costó décadas de trabajo y sacrificio levantar en el centro del país.
Revista Siempre!
Atte. La comisión de trabajo
de taller automotriz.
